Pocos meses más tarde, y para impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la vida política y social de Andalucía, se aprobó la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que fue precedida de un amplio debate social y que concilió la unanimidad de los grupos políticos presentes en aquel momento en el Parlamento de Andalucía.

Tras diez años de su aplicación se dio un nuevo salto a través de la modificación de la misma a través de la Ley 9/2018, de 8 de octubre, ley que nuevamente concitó la unanimidad de los grupos parlamentarios.

En estos años, se ha producido el desarrollo de la ley andaluza a través de instrumentos como el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013, la evaluación anual de los Presupuestos con perspectiva de género, la creación de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, las Unidades de Igualdad de Género y el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, así como de un informe sobre la efectividad del conjunto de las actuaciones relativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres adoptadas por la Administración de la Junta de Andalucía, que se presenta en el Parlamento de Andalucía.

Podemos afirmar que se ha consolidado en Andalucía una red institucional que garantiza y coordina la integración del principio de igualdad en la normativa y en las políticas públicas que adopta el enfoque de la transversalidad de género en las actuaciones de la administración pública andaluza.

No obstante, tenemos luces y sombras en los últimos años de gestión política, por una parte la reforma de 2018 no ha dado los frutos que se esperaban, y se ha ralentizado su puesta en marcha dejando retos importantes sin implementar hasta la fecha, como la implantación de planes de igualdad sectoriales en la Junta de Andalucía y la tardanza en la aprobación del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028 que no ha visto la luz hasta marzo de 2022.

No debemos olvidar que fue la reforma de 2018 la que incorporaba a las entidades locales en la obligación legal de aprobar sus propios planes de igualdad, en el marco definido por el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Andalucía, la no aprobación de este marco de actuación hasta fechas muy recientes ha impedido avanzar en esta línea de coordinación entre las administraciones locales y autonómica, por lo que los próximos meses serán muy importantes para demostrar si se consolidan los avances señalados por la legislación andaluza o se estancan los mismos, una vez finalizadas las elecciones de junio de 2022 y constituido el nuevo gobierno autonómico.